La industria sufrirá un incremento del 8% en la parte regulada de la luz

La reforma energética golpea de lleno a la industria y las pymes con un fuerte incremento de la luz desde agosto. Más de 20.000 grupos industriales con tarifas de alta tensión sufrirán un incremento de una media de un 8% en los peajes del recibo. Por su parte, casi un millón de empresas serán penalizadas con incrementos de precios en la parte regulada del recibo (en torno a la mitad del precio final) que incluso se duplican en algunas tramos. En el siguiente gráfico se pueden apreciar la considerable subida. 

 


Así consta en la propuesta de orden de tarifas para elevar el recibo de forma extraordinaria en agosto que tiene como objetivo cuadrar las cuentas del sistema eléctrico tras la negativa del Ministerio de Hacienda de sufragar, vía Presupuestos Generales del Estado, la totalidad del coste de compensación por generar en las islas.


A través de este incremento y de la subida del 3,2% aplicada en el precio final de la luz a los consumidores, el Ministerio de Industria prevé recaudar 900 millones de euros.
En concreto, la cartera que dirige José Manuel Soria eleva los peajes de alta tensión de entre 6.1 y 6.4, con las que prevé facturar más de 2.500 millones de euros, a través de esta orden que fue remitida a la Comisión Nacional de la Energía para comentarios urgentes por parte del sector en cinco días. En el caso de las empresas, les afectan los aumentos de las tarifas 3.0 y 3.1 con los que se quiere ingresar más de 3.700 millones de euros.
La gran industria representa al 51% de la demanda, mientras que las pymes y empresas suponen el 14% del consumo y se corresponde con las empresas de servicio y pequeña industria. El 33% corresponde a los consumidores domésticos y el 2% restante a consumidores que no están en los grupos anteriores.
Una de las principales preocupaciones tanto para la industria como para las empresas es cómo crece la parte fija del recibo, que el Gobierno ha querido equiparar a la parte variable para penalizar a las segundas residencia y a las vacías.


En el caso de la industria este incremento del término fijo supone una fuerte penalización, ya que se trata de un sector que ha realizado importantes inversiones en los últimos años para ser más eficiente.
Para cada escalón, los cambios introducidos con la ya conocida tarifa plana de la luz, supone las siguientes modificaciones: en la 6.1, que (para potencias de hasta 36 kilovatios) el término fijo sufre un incremento del 115%, mientras que el del consumo o variable experimenta una bajada del 66%. Para las 6.2, de potencia (de entre 36 kilovatios y 72,5 kilovatios) la parte fija sube un 41% para cada periodo y la variable cae un 40%. Para la 6.3 (72,5 kilovatios a 145 kw) el término de potencia sube un 28% y la variable baja en la misma cuantía.
Por último, para la industria más pesada de más de 145 kilovatios, el término de potencia sube un 24% y el del consumo cae un 23%.
En promedio, la subida de la parte del recibo arroja una subida que casi alcanza los dos dígitos que se traducirá en como poco una subida del 2,6% en el precio final del recibo. El resto del precio de la luz para la industria lo marca el precio al que se encuentra el mercado mayorista de electricidad (pool) ya que tienen contratos bilaterales con las eléctricas que están indexados a este mercado.
Si bien en los últimos meses el precio del pool ha estado hundido por el exceso de capacidad, la reforma energética busca reflotar este índice. Así y para más inri, la industria se verá también penalizada por el incremento que experimente este mercado, debido principalmente al traslado que hagan ciertas tecnologías de los recortes a los clientes finales.

Fuentes: El Economista, Minetur

La biomasa ahorra dinero en la lucha contra los incendios forestales

Unión por la Biomasa considera que si se suma la capacidad de aprovechamiento de masa forestal para evitar incendios que absorberían las plantas de biomasa a instalar en España para cumplir los objetivos del PER vigente, se ahorrarían unos 250 millones de euros. Este colectivo, que reúne a 37 asociaciones y organismos vinculados a la bioenergía en España, insiste en pedir una normativa diferenciada para la biomasa para, entre otros objetivos, evitar muchos de los incendios forestales que tienen lugar en verano.

“El aprovechamiento de la biomasa forestal podría evitar la mitad de los incendios”. 

Según la información de Unión por la Biomasa, cada año las administraciones públicas españolas dedican a la lucha contra los incendios forestales un volumen de recursos superior a los 700 millones de euros. En la presentación de la campaña de este año, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente anunció que solo el presupuesto de este departamento asciende a 130 millones de euros (treinta más que en 2012), de los cuales 76 se destinan a prevención y extinción, 29 a restauración y 25 a la adquisición de un nuevo avión anfibio.

Apostar por cumplir los objetivos de biomasa daría un balance final positivo de 184 millones
Desde Unión por la Biomasa afirman que es posible evitar este coste en el balance final, convirtiéndolo en positivo. “Si se tienen en cuenta solo las plantas de biomasa existentes –añaden–, su contribución a la evitación de incendios podría estimarse en un ahorro final de casi 80 millones de euros”. El ahorro sería aún mayor si se suma la capacidad de aprovechamiento de masa forestal que absorberían las plantas a instalar en España para cumplir los objetivos del PER 2011-2020: “representaría un ahorro de costes por este concepto para las administraciones públicas implicadas de unos 250 millones de euros, y un balance anual positivo, considerando el coste tarifario por producción de energía eléctrica en estas plantas de biomasa, de 184 millones de euros”.

Estos argumentos económicos le sirven a este foro para volver a pedir al Gobierno que “diseñe y apruebe un marco legal propio de la biomasa y no que, como hasta ahora, sea un añadido más dentro de un conjunto que no reconoce las singulares aportaciones sociales, económicas y medioambientales que esta energía limpia induce”. 

La bioenergía debería ser considerada como "servicio público a la sociedad" 
Por último, en Unión por la Biomasa inciden en que “el aprovechamiento de la biomasa debe ser, como lo es en los países más desarrollados de Europa, un pilar clave en las políticas públicas nacionales de prevención de incendios y de la creación y fijación de empleo rural”. “Los tratamientos forestales preventivos –prosiguen–, así como el aprovechamiento de la biomasa para producir energía, deben ser considerados como un servicio público a la sociedad, que debe ser incentivado y remunerado; un pilar que debe asentarse definitivamente para que no volvamos a asistir impotentes un nuevo verano, como es tristemente habitual, al trágico espectáculo de la combustión incontrolada de miles de hectáreas de masa forestal”.

En abril del pasado año, uno de los socios de Unión por la Biomasa, la Asociación de Profesionales Forestales de España (Profor), presentó junto a la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BIrdLife) un informe que exigía la redacción y aprobación de un plan de gestión del riesgo de incendios que permita el posterior desarrollo de dieciocho herramientas. La primera de ellas estaba directamente relacionada con el aprovechamiento energético de la biomasa forestal, y concluían que “los planes de energías renovables de las comunidades autónomas deberían de ser, sin duda, el primer instrumento de lucha contra los incendios forestales”. 

Fuente: http://www.energias-renovables.com

COOL ENERGY asiste al acto de constitución de la Federación Iberoamericana de Empresarios y Comerciantes en España.

Como un paso más en la misión de poner en valor la tarea desarrollada por los emprendedores iberoamericanos, mostrando su compromiso con el desarrollo de España, el jueves 20 de junio diversos agentes sociales y empresariales de todo tipo acudieron a la Secretaría General Iberoamericana – SEGIB para apoyar la constitución de la FIBECE.
La FIBECE desea vertebrar el impulso a la figura de los emprendedores de origen iberoamericano en España, la internacionalización de los microempresarios españoles y el fortalecimiento del tejido asociativo empresarial.
Para ello va sumando el respaldo de distintas organizaciones notables en el campo empresarial español, como la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid – AJE Madrid, la Asociación Española de Mujeres Empresarias - ASEME y la Asociación de Mujeres Empresarias de Sociedades Laborales – AMESAL, que suscribieron durante el acto su adhesión al Acuerdo Marco de Apoyo del Empresariado Iberoamericano, promovido por la FIBECE.

Así mismo, la FIBECE expuso las líneas de trabajo y los objetivos a alcanzar a lo largo de este y los próximos años, que se desglosan tanto en actividades puntuales de promoción como ferias, jornadas, y cenas benéficas, así como en otras más sistemáticas, como asesorías y acciones de formación. Además de ello, están planificadas otras actuaciones, como la apertura de oficinas técnicas de enlace comercial y empresarial en varios países latinoamericanos y el seguimiento de los avances en los acuerdos tomados en la Cumbre Iberoamericana de Cádiz del pasado mes de noviembre. 
A todo esto se añade, la generación de un canal de comunicación más dinámico y eficaz con la administración pública, de cara a conseguir el acceso real a fuentes de financiamiento o la agilidad en los trámites para la obtención de la tarjeta de trabajo por cuenta propia para emprendedores extranjeros, y la creación del Foro Económico de la PYME y Micro Empresa Iberoamericana – FORPYME se conviertan en referentes de Apoyo a Emprendedores  iberoamericanos.
En el acto, que contó con la colaboración de Hexagone Language Solutions y N&N Negocios y Networking, tomaron la palabra para respaldar el acto representantes de las Embajadas de Guatemala, de República Dominicana y de Colombia y del Consulado de Perú, así como de delegados de Internacional Madrid Emprende del Ayuntamiento de Madrid, de la Secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid.

 Presidenta y Vicepresidenta de FIBECE junto con Álvaro Maraver Director de COOL ENERGY

Fuente: Fibece.org

El certificado de eficiencia energética ya es obligatorio para vender o alquilar inmuebles

• No tenerlo contempla sanciones entre 300 y 6.000 euros para el dueño

• El certificado tiene validez durante 10 años y lo tiene que aportar el propietario

• Lo emite un técnico autorizado: un aparejador, arquitecto o ingeniero

• No hay una tarifa oficial, por lo que se recomienda comparar precios

A partir de este sábado 1 de junio, todo inmueble en España que se quiera vender o alquilar durante más de 4 meses deberá disponer del Certificado de Eficiencia Energética, siendo el propietario el responsable de aportarlo. De no hacerlo, se enfrenta a multas entre 300 y 6.000 euros. La norma también afecta a locales comerciales y a la renovación de los arrendamientos.

Sin esa etiqueta energética, que hay que poner a disposición de compradores o arrendadores, una vivienda no se puede ni siquiera anunciar.

Para conseguirla, el propietario tiene que elegir a un técnico autorizado -como un aparejador, arquitecto o ingeniero- que debe examinar la casa: desde las ventanas a la calefacción, pasando por la refrigeración o la producción de agua caliente.

No hay tarifas oficiales de cuánto cuesta. El precio para un piso de 90 metros cuadrados puede rondar los 200 euros o los 250 euros, por lo que se recomienda comparar precios.

El certificado evalúa la eficiencia energética del inmueble y le otorga una calificación en una letra que variará de la A a la G, siendo A la más eficiente y G la menos, un sistema parecido al de los electrodomésticos de siete escalas. Además de la información objetiva sobre sus características energéticas, el certificado deberá incluir recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética del inmueble.

Con una validez de 10 años, permite al comprador o arrendatario saber cuánta energía gasta una vivienda antes de alquilarla o comprarla. El objetivo de la medida es fomentar el ahorro y la eficiencia, así como que se pueda valorar y comparar los edificios, con el fin de favorecer la promoción de aquellos que tengan alta eficiencia y las inversiones en ahorro de energía.

Para los que no cumplan la norma hay un régimen de sanciones. Dependiendo del tipo de infracción, cada comunidad autónoma tendrá un registro oficial y podrá sancionar al propietario que no tenga la etiqueta energética: de 300 a 6.000 euros en caso de fraude.

El listado de sanciones, aprobado el Real Decreto el pasado 5 de abril, contempla multas que van desde los 300 euros a los 600 euros en el caso de las infracciones leves, de los 601 a los 1.000 euros en el de las graves y de los 1.001 a los 6.000 euros para las muy graves.

Así, se entenderá por falta leve el no mencionar el certificado en la oferta de la vivienda o incumplir la normativa relativa a su renovación; será grave cuando no se presente el certificado ante la comunidad autónoma para que quede registrado o cuando no se entregue al comprador o al inquilino; y, finalmente, se considerará muy grave no contar con el certificado o haber falseado información para obtenerlo.

No obstante, la enmienda contempla también sanciones superiores a los 6.000 euros "en los casos en que el beneficio que el infractor haya obtenido por la comisión de la infracción fuese superior al importe de las sanciones en cada caso señaladas", en cuyo caso "la sanción se impondrá por un importe equivalente al del beneficio así obtenido".

Fuente: RTVE.es