miércoles, 17 de julio de 2013

La industria sufrirá un incremento del 8% en la parte regulada de la luz

La reforma energética golpea de lleno a la industria y las pymes con un fuerte incremento de la luz desde agosto. Más de 20.000 grupos industriales con tarifas de alta tensión sufrirán un incremento de una media de un 8% en los peajes del recibo. Por su parte, casi un millón de empresas serán penalizadas con incrementos de precios en la parte regulada del recibo (en torno a la mitad del precio final) que incluso se duplican en algunas tramos. En el siguiente gráfico se pueden apreciar la considerable subida. 

 


Así consta en la propuesta de orden de tarifas para elevar el recibo de forma extraordinaria en agosto que tiene como objetivo cuadrar las cuentas del sistema eléctrico tras la negativa del Ministerio de Hacienda de sufragar, vía Presupuestos Generales del Estado, la totalidad del coste de compensación por generar en las islas.


A través de este incremento y de la subida del 3,2% aplicada en el precio final de la luz a los consumidores, el Ministerio de Industria prevé recaudar 900 millones de euros.
En concreto, la cartera que dirige José Manuel Soria eleva los peajes de alta tensión de entre 6.1 y 6.4, con las que prevé facturar más de 2.500 millones de euros, a través de esta orden que fue remitida a la Comisión Nacional de la Energía para comentarios urgentes por parte del sector en cinco días. En el caso de las empresas, les afectan los aumentos de las tarifas 3.0 y 3.1 con los que se quiere ingresar más de 3.700 millones de euros.
La gran industria representa al 51% de la demanda, mientras que las pymes y empresas suponen el 14% del consumo y se corresponde con las empresas de servicio y pequeña industria. El 33% corresponde a los consumidores domésticos y el 2% restante a consumidores que no están en los grupos anteriores.
Una de las principales preocupaciones tanto para la industria como para las empresas es cómo crece la parte fija del recibo, que el Gobierno ha querido equiparar a la parte variable para penalizar a las segundas residencia y a las vacías.


En el caso de la industria este incremento del término fijo supone una fuerte penalización, ya que se trata de un sector que ha realizado importantes inversiones en los últimos años para ser más eficiente.
Para cada escalón, los cambios introducidos con la ya conocida tarifa plana de la luz, supone las siguientes modificaciones: en la 6.1, que (para potencias de hasta 36 kilovatios) el término fijo sufre un incremento del 115%, mientras que el del consumo o variable experimenta una bajada del 66%. Para las 6.2, de potencia (de entre 36 kilovatios y 72,5 kilovatios) la parte fija sube un 41% para cada periodo y la variable cae un 40%. Para la 6.3 (72,5 kilovatios a 145 kw) el término de potencia sube un 28% y la variable baja en la misma cuantía.
Por último, para la industria más pesada de más de 145 kilovatios, el término de potencia sube un 24% y el del consumo cae un 23%.
En promedio, la subida de la parte del recibo arroja una subida que casi alcanza los dos dígitos que se traducirá en como poco una subida del 2,6% en el precio final del recibo. El resto del precio de la luz para la industria lo marca el precio al que se encuentra el mercado mayorista de electricidad (pool) ya que tienen contratos bilaterales con las eléctricas que están indexados a este mercado.
Si bien en los últimos meses el precio del pool ha estado hundido por el exceso de capacidad, la reforma energética busca reflotar este índice. Así y para más inri, la industria se verá también penalizada por el incremento que experimente este mercado, debido principalmente al traslado que hagan ciertas tecnologías de los recortes a los clientes finales.

Fuentes: El Economista, Minetur

viernes, 5 de julio de 2013

La biomasa ahorra dinero en la lucha contra los incendios forestales

Unión por la Biomasa considera que si se suma la capacidad de aprovechamiento de masa forestal para evitar incendios que absorberían las plantas de biomasa a instalar en España para cumplir los objetivos del PER vigente, se ahorrarían unos 250 millones de euros. Este colectivo, que reúne a 37 asociaciones y organismos vinculados a la bioenergía en España, insiste en pedir una normativa diferenciada para la biomasa para, entre otros objetivos, evitar muchos de los incendios forestales que tienen lugar en verano.
La biomasa ahorra dinero en la lucha contra los incendios forestales
“El aprovechamiento de la biomasa forestal podría evitar la mitad de los incendios”. 

Según la información de Unión por la Biomasa, cada año las administraciones públicas españolas dedican a la lucha contra los incendios forestales un volumen de recursos superior a los 700 millones de euros. En la presentación de la campaña de este año, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente anunció que solo el presupuesto de este departamento asciende a 130 millones de euros (treinta más que en 2012), de los cuales 76 se destinan a prevención y extinción, 29 a restauración y 25 a la adquisición de un nuevo avión anfibio.

Apostar por cumplir los objetivos de biomasa daría un balance final positivo de 184 millones
Desde Unión por la Biomasa afirman que es posible evitar este coste en el balance final, convirtiéndolo en positivo. “Si se tienen en cuenta solo las plantas de biomasa existentes –añaden–, su contribución a la evitación de incendios podría estimarse en un ahorro final de casi 80 millones de euros”. El ahorro sería aún mayor si se suma la capacidad de aprovechamiento de masa forestal que absorberían las plantas a instalar en España para cumplir los objetivos del PER 2011-2020: “representaría un ahorro de costes por este concepto para las administraciones públicas implicadas de unos 250 millones de euros, y un balance anual positivo, considerando el coste tarifario por producción de energía eléctrica en estas plantas de biomasa, de 184 millones de euros”.

Estos argumentos económicos le sirven a este foro para volver a pedir al Gobierno que “diseñe y apruebe un marco legal propio de la biomasa y no que, como hasta ahora, sea un añadido más dentro de un conjunto que no reconoce las singulares aportaciones sociales, económicas y medioambientales que esta energía limpia induce”. 
La bioenergía debería ser considerada como "servicio público a la sociedad" 
Por último, en Unión por la Biomasa inciden en que “el aprovechamiento de la biomasa debe ser, como lo es en los países más desarrollados de Europa, un pilar clave en las políticas públicas nacionales de prevención de incendios y de la creación y fijación de empleo rural”. “Los tratamientos forestales preventivos –prosiguen–, así como el aprovechamiento de la biomasa para producir energía, deben ser considerados como un servicio público a la sociedad, que debe ser incentivado y remunerado; un pilar que debe asentarse definitivamente para que no volvamos a asistir impotentes un nuevo verano, como es tristemente habitual, al trágico espectáculo de la combustión incontrolada de miles de hectáreas de masa forestal”.

En abril del pasado año, uno de los socios de Unión por la Biomasa, la Asociación de Profesionales Forestales de España (Profor), presentó junto a la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BIrdLife) un informe que exigía la redacción y aprobación de un plan de gestión del riesgo de incendios que permita el posterior desarrollo de dieciocho herramientas. La primera de ellas estaba directamente relacionada con el aprovechamiento energético de la biomasa forestal, y concluían que “los planes de energías renovables de las comunidades autónomas deberían de ser, sin duda, el primer instrumento de lucha contra los incendios forestales”.